La concesionaria del puerto de la Pobla alquila amarres que el Consell desautorizó hace 12 años.

Valencia, Levante-EMV.com - Julia Ruiz, 03/03/08

La empresa, de la que el ex conseller Cepeda es consejero, pide permiso para usarlos coincidiendo con las quejas de un usuario. El contrato estaba condicionado a suprimir ocho plazas de atraque.

La empresa Explotaciones Marítimas de Levante, SL que gestiona el puerto deportivo de la Pobla de Farnals, alquila unos amarres cuyo uso el Consell desautorizó expresamente hace doce años, según consta en la resolución por la cual se homologó a la citada mercantil como concesionaria del puerto en septiembre de 1996. La mercantil, en la que el ex conseller Carlos González Cepeda figura como consejero delegado desde julio de 2004, explota, según ha podido saber Levante-EMV a raíz de las denuncias de un ex usuario del puerto, ocho puntos de amarre situados en la cabecera de los pantalanes, a pesar de carecer de autorización.
La letra pequeña de la concesión otorgada por el Consell recoge la desestimación de "la autorización para situar amarres a la cabecera de los muelles embarcadores" que la firma solicitó. Esta cuestión aparece como condición del contrato y como una prescripción cuyo incumplimiento "será causa de caducidad" de la concesión. En concreto, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario la prescripción E de la contrato reza textualmente: "Del plan de amarres previsto en el Plan de Ordenación se suprimen los amarres de cabecera de los muelles embarcadores".
Pese a la prohibición, la empresa ofrece entre sus servicios el alquiler de más de 600 amarres, incluidos los ocho de cabecera, cuya tarifa es muy superior al resto por estar situados en un lugar privilegiado y permitir atracar a barcos de mayor eslora. De hecho, la mayoría de estos amarres están ocupados por embarcaciones, según pudo comprobar in situ este diario en una visita al puerto esta misma semana. En concreto, y según los precios que la propia empresa oferta a través de su página web, el alquiler de cada uno de los amarres de cabecera de los pantalanes asciende a 600 euros al mes (IVA no incluido). La explotación de los ocho amarres el año completo podría llegar a suponer a la concesionaria unos ingresos anuales de 67.000 euros. Una cifra nada despreciable si se tiene en cuenta que en su día el cañón que Explotaciones Marítimas debía pagar a la Generalitat por la explotación del servicio ascendía a un millón de las antiguas pesetas. No obstante, el canon ha sido objeto de revisión con el paso del tiempo y esta cantidades, según diversas fuentes, se ha multiplicado por seis.

Estas supuestas irregularidades en la gestión del puerto, junto con otras que tienen que ver con posibles incumplimientos del plan de obras, fueron puestas en conocimiento de la conselleria por un usuario del puerto en distintos escritos remitidos a partir de octubre del año pasado al Centro de Desarrollo Marítimo. En noviembre, según la Conselleria de Infraestructuras, Explotaciones Marítimas de Levante solicitó permiso para poder utilizar los amarres de cabecera. La petición está tramitándose en este momento y, según un portavoz oficial del departamento que dirige Mario Flores, la respuesta será afirmativa, por lo que se legalizará el uso de los citados amarres.
El citado portavoz trató de desvincular la queja del usuario con la solicitud de la empresa, ya que, puntualizó, la primera denuncia por escrito donde se menciona el uso de amarres no autorizados es en diciembre. Es más, la conselleria trató de minimizar las quejas del particular indicando que venía motivada por un conflicto con el administrador de la empresa -el hijo del ex conseller Cepeda- por el uso de una rampa para tirar al mar una moto de agua. La empresa solventó la disputa comunicando al denunciante, usuario del puerto desde hace años, la rescisión de su contrato de amarre. El asunto está ya en manos del abogado Javier Trives.
Al margen de este conflicto particular, la conselleria trató de restar importancia al hecho de que durante años la mercantil haya estado explotando un servicio no autorizado. El portavoz consultado negó que, en todo caso, este incumplimiento fuera motivo de caducidad del contrato.
Respecto a por qué hace doce años la conselleria rechazó autorizar los amarres y ahora no, indicó que los motivos no eran técnicos sino de ordenación. Según explicó en aquel momento se consideró que las plazas no eran necesarias, pero que ahora sí y además "no molestan a nadie". "El criterio es la máxima utilidad del espejo del agua", apuntó.

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